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El Congreso insta al Gobierno a derogar los Acuerdos con la Iglesia y a sacar la Religión fuera del sistema educativo 

La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley para instar al Gobierno a derogar los Acuerdos con la Santa Sede y para sacar la religión del currículo, del horario lectivo y del ámbito escolar. La CEE, que todavía no se ha pronunciado sobre la propuesta, siempre ha defendido que la asignatura debería estar plenamente integrada en el currículo

La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley (PNL) –propuesta no vinculante– por la que insta al Gobierno a denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como de los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, para «garantizar el imprescindible carácter laico de la escuela como institución pública» y dejar la enseñanza de la Religión fuera de este ámbito.

La iniciativa, defendida por los diputados Miguel Ángel Bustamante, de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, y Enric Bataller, de Compromís, ha sido transaccionada por el PSOE. El PP, que ha votado en contra, ha dicho que la propuesta es «propia de la izquierda rancia anticatólica», mientras que Ciudadanos, que tampoco la ha apoyado, la ha calificado de «impertinente» y «oportunista».

De esta forma, el texto señala que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a «garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar».

Asimismo, pide «denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como de los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al Gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato».

La introducción de este segundo punto se corresponde, según el diputado socialista Guillermo Meijón, con la propuesta presentada en el Congreso de los Diputados por distintos grupos en enero de 2017, entre otros por Europa Laica, y trata de «focalizar el tema en el punto más relevante», que, a su juicio, es la derogación de los Acuerdos España-Santa Sede.

La iniciativa de Unidos Podemos y Compromís incluía un tercer punto que planteaba la «retirada progresiva» del desvío de fondos públicos hacia las «redes escolares privadas», es decir, a los centros concertados. Este aspecto se ha eliminado a petición del PSOE, cuyo portavoz ha indicado que este debate se va a producir en la Subcomisión para el Pacto Educativo, ya que en su guion de temas a acordar hay dos bloques específicos sobre la enseñanza de las religiones y las redes educativas.

Posición de la Iglesia

Aunque la PNL se aprobó este miércoles y la Conferencia Episcopal Española no se ha pronunciado sobre ella, los obispos españoles ya han dado numerosos pasos anteriormente para defender su posición sobre la asignatura de Religión, sobre todo, de cara al Pacto Educativo.

Para los prelados, la asignatura debería estar plenamente integrada en el currículo y también debería ser de oferta obligatoria en Bachillerato. Así se lo pidieron en octubre de 2016 al ministro de Educación, Méndez de Vigo, en un reunión.

Asimismo, con intención también de influir a favor de la asignatura en el Pacto Educativo, la Conferencia Episcopal creó en febrero de 2017 la mesa eclesial para el diálogo educativo. El objetivo era tener una voz común y autorizada en este ámbito ante la sociedad.

Tras su primera reunión, celebrada hace un año, la mesa de unidad eclesial hizo especial hincapié en que el pacto educativo tendría que sentar sus bases en los principios del artículo 27 de la Constitución, «que condensa los derechos derivados del binomio derecho a la educación-libertad religiosa». «En ese artículo se especifica que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones. Esta formación es de oferta obligatoria para los centros educativos y de libre elección para los padres y los alumnos».

Además de la Conferencia Episcopal Española, la mesa unidad católica también está formada por José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas; Mariano Calabuig, presidente del Foro de la Familia; Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres (COFAPA); Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE); Pilar Hernández, delegada de Enseñanza de Asturias, representando a delegados de Enseñanza; Enric Puig, secretario general de Fundaciò Escola Cristiana de Catalunya; Fernando González, profesor de Educación en la Universidad Pontificia de Salamanca; y Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).

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