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El Valle de los Caídos: un monumento que sobrevive entre la dejadez y las sombras económicas 

El complejo, deteriorado por un mantenimiento insuficiente, está señalado por falta de transparencia en la gestión

El Valle de los Caídos, en la falda de la Sierra de Guadarrama, padece realidades contradictorias pero entrelazadas. Lo cierto es que más allá del componente ideológico, que polariza todo elemento relacionado con su simple existencia, recibe cada año una suma notable de visitantes –cercana a los 300.000– pese a que cada vez está más deteriorado; comido por la humedad y la erosión del tiempo. En paralelo, despierta no pocas dudas acerca de su gestión y funcionamiento, señalado por el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades y por una total falta de transparencia. El mausoleo en el que yacen Franco y José Antonio y más de 30.000 asesinados durante la Guerra Civil es susceptible de dos definiciones que, aunque se presentan como el agua y el aceite, se confunden: «Un atractivo histórico y turístico en un paraje único» y «Un paraíso fiscal en plena península».

Basta con acercarse hasta el Valle de Cuelgamuros un fin de semana o festivo para comprobar el goteo de visitantes que llegan por su cuenta o en excursiones en grupo, generalmente arrastrados por la curiosidad desde el Monasterio de El Escorial, a apenas un cuarto de hora en coche. «Estábamos por aquí y hemos aprovechado para ver las dos cosas, la verdad es que impresiona», explica una pareja de turistas mientras observan la imponente cruz que se clava en el cielo. La misma que la pasada semana ha ilustrado decenas de informaciones por el primer paso hacia la exhumación de cuatro fusilados, un hecho histórico.

El crecimiento en los visitantes, aunque pausado, ha sido progresivo en los últimos cuatro años. Según cifras de Patrimonio Nacional, que es quien gestiona el conjunto monumental, en 2017 recibió a un total de 283.263 personas, frente a las 240.837 de 2014. En los dos años intermedios fueron 254.059 (2015) y 262.860 (2016). Para valorar si son muchos o pocos, basta compararlo con otros lugares de interés, también controlados por Patrimonio. El Valle de los Caídos, aunque lejos del Palacio Real (1.517.887) o El Escorial (520.806), tiene casi los mismos visitantes que el Real Sitio de Aranjuez (293.287).

Inversión «urgente»

A tenor de este interés turístico, se puede pensar que el conjunto –edificado entre 1940 y 1958 por presos políticos y represaliados del franquismo– presenta un aspecto cuidado, pero nada más lejos de la realidad. La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos denuncia que el deterioro es «evidente» y que se debe, sobre todo, a la «falta de mantenimiento» durante años. De hecho, una comisión de expertos ya señaló en 2011 el «grave deterioro» del Valle y la necesidad de una «pacificación social y política que legitime el mantenimiento y cuidado de este conjunto monumental», en clara alusión al conflicto que genera en la sociedad y si es ético o no invertir dinero público en un lugar de tan marcada connotación ideológica.

«Patrimonio Nacional emitió un informe hace años que decía que la inversión necesaria no excedía del millón y medio de euros, pero ahora se ha multiplicado porque no se hizo y cada vez es más caro», explica Pablo Linares, presidente de la entidad. Según cálculos de la asociación, son necesarios en torno a 5 millones de euros para los distintos arreglos.

La ubicación del Valle, en plena montaña y expuesto a una climatología adversa prácticamente todo el año, es parte del problema. La basílica cuenta con importantes humedades y goteras, hasta el punto de que se han tenido que instalar una especie de cubos para recoger el agua. También las esculturas de la base de la cruz, fracturadas en muchos casos. Además, desde hace diez años el funicular que lleva a lo más alto del monumento no funciona y tampoco tiene visos de que vaya a arreglarse. «Si fuera otro sitio ya se habría arreglado, pero no se ha hecho porque los gobiernos, o por odio o por cobardía, no se atreven», valora Linares; y añade: «Ninguno de los museos tiene beneficios, pero es que ese no es su objetivo, no es una empresa, lo que no entiendo es la fijación que hay con el Valle de los Caídos».

Pérdidas millonarias

El tema económico, precisamente, da lugar a otra de las realidades del espacio, acaso la más controvertida y con más sombras y recovecos. El total de ingresos en 2017 por la actividad del Valle –según informó la Ser– fue de 1.380.128,87 euros, de los cuales 1.327.879 remiten a la venta de entradas, a 9 euros por unidad. Los gastos, en cambio, ascendieron a 1.741.047 euros, de lo que se desprende que las pérdidas rozan en medio millón cada año.

A esto hay que sumar la subvención de 360.000 euros que recibe, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en calidad de beneficiaria de la Fundación homónima, titular y administradora del lugar aunque está controlada transitoriamente por Patrimonio.

Pero las dudas no se reducen a este simple balance. Hay mucho más. El abogado Eduardo Ranz, quien defiende a los familiares de los cadáveres a exhumar, señala la «opacidad» del lugar, al que define como «un paraíso fiscal en plena península». «No sabemos nada de la licencia de actividad de la cafetería, ni de su contabilidad, ni la de la hospedería, ni sobre el dinero del cepillo de las misas… No sabemos nada, si fuera un ayuntamiento ya estaría sancionado», dice Ranz sobre el Valle de los Caídos, con un valor catastral de 21 millones de euros.

Estas palabras, lejos de ser una apreciación personal, son el grueso del último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de Patrimonio Nacional, aprobado en 2016. Así, uno de los epígrafes remite al funcionamiento del Valle de los Caídos, con una enumeración de irregularidades aún sin corregir. El escrito, de carácter consultivo, desvela que no existe inventario de bienes del espacio, no dispone de presupuesto ni tampoco rinde cuentas de su ejecución. Además, sostiene que no ha elaborado nunca una memoria de situación y funcionamiento y que «no existe explicación sobre la conveniencia para el interés público de los gastos asumidos, que benefician a la comunidad de religiosos y no, como debería ser, a patronato o fundación alguna».

Las únicas explicaciones a este respecto, aunque insuficientes, las ha dado el Gobierno tras las peticiones de información de la oposición.

 

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