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La asignatura de Religión, protagonista de la escena política 

La asignatura de Religión ha sido uno de los temas abordados en la reunión de este martes entre el portavoz de la Conferencia Episcopal y el de Ciudadanos. Asimismo, la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados debatirá esta tarde una proposición no de ley para instar al Gobierno a sacar la religión del currículo, del horario lectivo y del ámbito escolar

El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, se ha reunido con el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, para hablar, entre otras cosas, de educación. La reunión ha tenido lugar este martes 20 de febrero en la sede de la CEE.

El encuentro, que se mantuvo en un clima de colaboración y de entendimiento, se enmarca dentro de las reuniones que los obispos están manteniendo para defender su posición sobre la Religión en los colegios de cara al Pacto Educativo.

Para los prelados, la asignatura debería estar plenamente integrada en el currículo y también debería ser de oferta obligatoria en Bachillerato. Así se lo pidieron en octubre de 2016 al ministro de Educación, Méndez de Vigo, en un reunión. Por su parte, Ciudadanos defiende una escuela pública laica en la que se imparta historia de las religiones. Además, el líder de la formación naranja, Albert Rivera, se ha pronunciado en ocasiones sobre la necesidad de superar el «debate cansino y obsoleto» de eliminar o no la Religión de la escuela para centrarse en mejorar la calidad educativa.

Mesa de unidad católica por el pacto educativo

Con intención también de influir a favor de la asignatura en el Pacto Educativo, la Conferencia Episcopal creó en febrero de 2017 la mesa eclesial para el diálogo educativo. El objetivo era tener una voz común y autorizada en este ámbito ante la sociedad.

Tras su primera reunión, celebrada hace un año, la mesa de unidad eclesial hizo especial hincapié en que el pacto educativo tendría que sentar sus bases en los principios del artículo 27 de la Constitución, «que condensa los derechos derivados del binomio derecho a la educación-libertad religiosa». «En ese artículo se especifica que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones. Esta formación es de oferta obligatoria para los centros educativos y de libre elección para los padres y los alumnos».

Además de la Conferencia Episcopal Española, la mesa unidad católica también está formada por José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas; Mariano Calabuig, presidente del Foro de la Familia; Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres (COFAPA); Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE); Pilar Hernández, delegada de Enseñanza de Asturias, representando a delegados de Enseñanza; Enric Puig, secretario general de Fundaciò Escola Cristiana de Catalunya; Fernando González, profesor de Educación en la Universidad Pontificia de Salamanca; y Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).

Contra la asignatura de religión

Pero la asignatura de Religión también está siendo protagonista de la escena política durante la jornada de este miércoles. A partir de las 15:15 horas, la Comisión de Educación del Congreso debatirá una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno a sacar la religión confesional del currículo, del horario lectivo y del ámbito escolar.

La PNL, que presenta una posición manifiestamente contraria a la opinión tanto de la CEE como de la mesa de unidad católica, ha sido llevaba a la cámara baja por la asociación Europa Laica y otros 40 colectivos y ha sido tramitada por Unidos Podemos y Compromís.

Si fuera aprobada, la Comisión de Educación del Congreso también solicitaría al Gobierno la «derogación del Concordato y posteriores Acuerdos con el Vaticano, así como de los acuerdos suscritos con otras confesiones religiosas, en tanto son invocados como base legal para mantener privilegios y una inadmisible injerencia privada en el sistema educativo destinado a la formación común del conjunto de los ciudadanos en cuanto tales».

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