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La Fiscalía respalda la expulsión de benedictinos del Valle de los Caídos 

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La Fiscalía General del Estado, en manos de la exministra de Justicia Dolores Delgado, ha respaldado una denuncia de la izquierdista Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que pretende expulsar a los monjes del valle, informa ACI Prensa.

La Fiscalía General del Estado ha remitido al gobierno la denuncia -presentada hace unos días ante Patrimonio Nacional- en la que se alega que los benedictinos se encuentran de forma ilegal en la abadía, ya que el acuerdo entre el Estado y la comunidad benedictina está pendiente de renovación desde el 2 de octubre de 2020.

La presidente de la Asociación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, afirmó en declaraciones a ACI Prensa que el gobierno no puede desalojar a los benedictinos porque “la estancia de los benedictinos no depende en exclusiva del gobierno” y de hacerlo sería algo “ilegal”. En opinión de Castellanos, se trata de una cortina de humo para distraer la atención pública de la pésima gestión del gobierno.

Pero si el ejecutivo optara por seguir adelante con el caso y desalojar a los benedictinos, o destruir la Cruz de 150 metros que preside la abadía, por medio de un decreto o de otra medida, la Asociación Española de Abogados Cristianos interpondría medidas cautelarísimas. Esta ofensiva, añade Castellanos, responde a “su odio encarnizado a la cruz, que se manifiesta sobre todo en la Cruz del Valle de los Caídos, que es la cruz más grande de la cristiandad”, un “odio patológico por parte de este gobierno que se ha demostrado” con “especial inquina durante la pandemia”.

“Con la excusa de la pandemia han arremetido contra los cristianos de forma reiterada y de forma sistemática, despreciando otras labores como cuidar de los ciudadanos ante semejante crisis”, denunció. “Entendemos que el gobierno no está legitimado ni para desalojar a los benedictinos, ni para llevar a cabo ningún tipo de obra en el momento en que hay familiares que podrían oponerse, familiares que tienen a su familia allí enterrada, y que podrían oponerse a que el gobierno de forma unilateral, de forma ilegal pretendiese remover la Cruz”.

Además, la abogada señaló que “entendemos que el gobierno se está inmiscuyendo en la vida privada de los cristianos, lo cual es algo que sanciona de forma especial el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Para Polonia Castellanos “hay que actuar desde un punto de vista legal”, pero no sólo. Habría que actuar también “desde el punto de vista civil. Es ya la gota que colma el vaso, y creo que los ciudadanos deberíamos empezar a movilizarnos, siempre de forma pacífica, pero tendríamos que empezar a organizar manifestaciones, concentraciones y a movilizarnos porque es ya la gota que colma el vaso”.

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