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La libertad en cuestión 

Se debe al Cardenal J.H. Newman esta conocida reflexión: “La conciencia tiene unos derechos porque tiene unos deberes”. ¿Qué ocurre si abstraemos los derechos de los deberes? ¿Y qué sucede si desvinculamos esos dos correlatos que son la libertad y la responsabilidad?

Una de las características de las sociedades democráticas modernas es que están dotadas de ordenamientos jurídicos que reconocen, garantizan y amparan un elenco de derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Cuál es el fundamento de esos derechos y libertades? ¿Se pueden cuestionar, relativizar o desnaturalizar desde dentro de esos ordenamientos jurídicos, tan avanzados por lo demás? ¿Puede ocurrir que ese eventual cuestionamiento, relativización o desnaturalización se haga además mediante procedimientos estrictamente democráticos, es decir, a través de normas o sentencias emanadas del órgano competente (un Tribunal Constitucional, por ejemplo, o una mayoría parlamentaria, aunque se haya obtenido por un diferencia de un puñado de votos) y siguiendo los procedimientos legal y constitucionalmente establecidos?

¿Es la libertad del ser humano un absoluto? ¿No estaremos exaltando la libertad hasta límites inverosímiles, de suerte que esta supuesta libertad es la fuente exclusiva de los valores? ¿Ostenta la conciencia individual de cada persona la facultad de hacer un juicio moral categórico sobre el bien y el mal? ¿Acaso es verdadero el juicio por el mero hecho de emanar de una conciencia individual? ¿No estaremos incurriendo en un subjetivismo que exalta de tal modo la libertad que paradójicamente acaba asfixiándose en ella? ¿No termina este individualismo exaltado por traicionar a sus valedores, de manera que acaba negando la realidad misma de la naturaleza humana?

Estas y otras cuestiones me estaba formulando mientras leía algunos fundamentos jurídicos de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que da luz verde a la ley 13/2005 de “matrimonios” homosexuales, sentencia cuya lectura detenida y crítica os recomiendo vivamente, y que pulveriza una institución milenaria y sin parangón jurídico hasta hacerla absolutamente irreconocible.

Vicente María Desantes Fernández
Funcionario de la Administración General del Estado

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