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Valoración del Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada 

El Consejo de Ministros en su reunión del 20 de diciembre de 2013 dio el visto bueno al “Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”. Para entenderlo, conviene tener en cuenta los siguientes datos del contexto político, social y jurídico del anteproyecto.

Una parte muy importante de la sociedad española nunca se acostumbró al aborto. A pesar de la primera legalización del aborto en 1985, muchas voces se mantuvieron vivas en España rechazando la normalización del aborto y muchas personas y asociaciones —como Red Madre— han ido creando redes asistenciales de apoyo a las embarazadas para ayudarlas frente al riesgo del aborto. En 2009 y 2010 una parte muy relevante de la sociedad española defendió activamente la vida y la maternidad frente al proyecto de la vigente ley ZP/Aído.

Como fruto de ese clamor y movilización social, el Programa electoral del Partido Popular en las Elecciones Generales de 2011 decía lo siguiente: “La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores.”

En España, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países de nuestro entorno, se ha mantenido vivo el debate público sobre el aborto legal gracias a muchos ciudadanos responsables y desconocidos para la opinión pública y a algunos políticos que han mantenido vivo su compromiso con la vida en algunos partidos políticos (como el PP, el que hoy gobierna).

La Constitución Española, en su artículo 15, establece que «todos tienen derecho a la vida» y el Tribunal Constiticional (TC) estableció en su sentencia 53/85 que la vida del concebido y no nacido —el nasciturus—, en cuanto que encarna un valor fundamental garantizado en el artículo 15 de la Constitución Española —la vida humana—, constituye un bien jurídico protegido por la Constitución; aunque, según el TC, se puede no penalizar el aborto si existe un grave conflicto entre esa vida y bienes o valores de la mujer de igual relevancia y ese conflicto no se puede resolver de otra forma. Esa sentencia del TC permite el debate actual del anteproyecto que comentamos.

El derecho al aborto no está reconocido en ninguno de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos suscrito por España.

El Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ha exigido al Reino de España que no se pueda alegar la discapacidad para interrumpir voluntariamente el embarazo pues tal cosa supondría una discriminación vetada por la Convención Internacional en la materia. La existencia de este supuesto específico (el llamado aborto eugenésico) ha sido denunciada reiteradamente por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Estos hechos describen el contexto político, social y jurídico del anteproyecto de ley del concebido.

 

la novedad del anteproyecto

La gran novedad del anteproyecto es que donde había una “ley del aborto” ahora habrá una “ley de protección del concebido y la maternidad”. El cambio de paradigma político, jurídico y ético es total (aunque la protección que se otorgue al nasciturus no sea aún la deseable y justa): es como si una “ley reguladora de la esclavitud” fuese sustituida por una “ley de protección de los derechos de los esclavos” (aunque no se aboliese íntegramente la esclavitud).

Por ello, el anteproyecto deroga íntegramente la ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, una de las leyes más ideológicas en clave de género y más proabortistas de la historia. El lenguaje ideológico de género —omnipresente en la ley de 2010— está felizmente ausente del anteproyecto.

El anteproyecto no regula el aborto, sino la protección del concebido y de la maternidad, aunque declare no punible el aborto en ciertos casos y circunstancias. Por eso, lo he saludado como un muy importante paso en la buena dirección, aunque no sea el paso definitivo al que hay que aspirar. No es mi ley, la que yo deseo para mi país; pero supone un gran avance desde la situación actual hacia el ideal por el que merece la pena trabajar: un país sin abortos, un país en el que la ley proteja siempre y sin excepción alguna al no nacido como el ser humano que es, un país donde ninguna mujer esté sola y abocada al aborto ante la indiferencia de los poderes públicos, las leyes y la sociedad.

contenidos

Respecto a la legislación vigente, la reforma del Código penal que promueve el anteproyecto supone en sus líneas esenciales las siguientes novedades:

–   La vida del concebido vuelve a ser protegida penalmente y, por tanto, desaparece el llamado “sistema de plazos” instaurado por la LO 2/2010, es decir la previsión de un determinado periodo de tiempo durante el cual no habría protección penal alguna para la vida humana del nasciturus.

–   Se regula la comprobación del supuesto de hecho del llamado “aborto terapéutico” con mucho más rigor que en las leyes precedentes, tanto la de 1985 como la de 2010, al exigir un dictamen suscrito por dos especialistas de la especialidad correspondiente a la patología concreta de que se trate, y exigir que ese dictamen sea motivado y emitido por profesionales ajenos e independientes a la práctica del aborto.

–   Se suprime el llamado “aborto eugenésico”, medida de las más discutidas del anteproyecto, pero que responde a las exigencias del Comité de aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad y a la reivindicación de los colectivos afectados.

–  Esta previsión del anteproyecto encuentra una excepción en la previsión de que el aborto no será punible si se trata de graves enfermedades que provocan la muerte en la fase neonatal y esa circunstancia provoca un grave y serio peligro para la salud síquica de la madre. Esta reconducción de este particular caso al supuesto terapéutico resulta coherente con que la ley sea de protección del concebido al que no se puede privar del derecho a la vida por sus características de salud, sino —en todo caso y según el TC— en el contexto de un grave conflicto con bienes de la madre.

–   Se exonera de todo reproche penal a la mujer embarazada con carácter general. Esta es una de las grandes novedades del anteproyecto que parece responder a sólidas razones criminológicas: la evitación penal del aborto será más eficaz y justa si el reproche penal se dirige a los profesionales y beneficiarios económicos de las prácticas abortivas y no a la mujer, que es la otra víctima de una legislación abortista.

–    Se restablece la patria potestad respecto a las menores entre dieciséis y dieciocho años abolida por la ley 2/2010.

–   Crea un expediente de jurisdicción voluntaria para los supuestos en que haya conflictos entre las menores o asimilados legalmente y los titulares de la patria potestad y tutores a fin de que el juez vele por los derechos de la menor.

–  Se establece la obligación de las Administraciones públicas de asesoramiento a toda mujer embarazada para ayudar a “resolver cualesquiera conflictos de salud, familiares o de carácter socioeconómico originados o agravados por el embarazo”. Se trata de un nuevo servicio reconocido con carácter general a todas las embarazadas e independiente de que se plantee un aborto o no.

–   Se regula el asesoramiento asistencial y la información clínica que debe recibir la embarazada que se plantea abortar antes de someterse a esa intervención. Cabe resaltar como aspectos claramente positivos de esta nueva regulación los siguientes: la información será personalizada, presencial y verbal; estará orientada a conseguir la continuidad del embarazo, aunque la mujer tendrá la decisión final si está en los supuestos legales de no punibilidad tras una reflexión durante siete días como mínimo; será proporcionada por profesionales independientes.

–   Se regula el derecho de objeción de conciencia del personal sanitario con carácter más acorde con la Constitución y la doctrina del TC de lo que hacía la LO 2/2010, que había suscitado mucha preocupación y litigiosidad por este motivo.

–   Se establece la prohibición general de publicidad de centros, servicios, técnicas y procedimientos para el aborto.

carencias

Aun dentro de la lógica del anteproyecto —es decir, la de una ley que no llega al ideal de la defensa sin excepciones de la vida y la maternidad—, el proyecto presenta carencias dignas de ser subsanadas antes de su definitiva aprobación, como son las siguientes:

a) Se echa en falta una regulación de la protección de la maternidad, que era —por otra parte— lo que preveía el programa electoral del PP.

b) Se mantiene la inclusión del aborto en la cartera común básica de servicios asistenciales, es decir, mantiene la financiación pública del aborto en los casos no punibles.

c)  Al regular la objeción de conciencia se exige una declaración escrita y previa de todo el personal sanitario que puede dar lugar a discriminaciones de los objetores y que no resulta justificada.

d) Convendría exigir que los médicos que emiten el dictamen previo en el “supuesto terapéutico” sean funcionarios del sistema público de salud para evitar una mercantilización fraudulenta de este trámite esencial a fin de evitar el fraude de ley que se dio entre 1985 y 2010.

valoración global

El anteproyecto es una iniciativa política valiente en el contexto actual de la sociedad española (y en el del partido en el Gobierno). De aprobarse, será el primer caso en la Europa occidental de reversión de la legislación abortista aprobada desde los años setenta del siglo XX y puede ser un impulso clave para reabrir el debate sobre el aborto en otros países de nuestro entorno.

Con este anteproyecto España se suma a las fuerzas más lúcidas del mundo que trabajan por la defensa de la vida en otros países (USA, Polonia, Hungría, Francia, América Latina). No es un caso único, pero puede ser de los más significativos y contagiosos. No es el ideal al que hay que aspirar, pero es un paso muy significativo hacia ese ideal.

Benigno Blanco
Presidente del Foro de la Familia

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